La ley orgánica de perdón acordada entre el PSOE y Junts prácticamente se concretará. El texto, que será firmado por los grupos de la nueva mayoría que elegirán al líder socialista como presidente -PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG-, excepto Coalición Canaria, será registrado próximamente en el Congreso para su trámite «por vía urgente» en lugar de la lectura única. La última versión de la ley enviada por el PSOE al resto de los grupos y que estos están terminando de revisar implica eliminar la «responsabilidad penal, administrativa y contable» de todos aquellos que cometieron delitos relacionados con el proceso de independencia en Cataluña durante una década, desde el 1 de enero de 2012 hasta este lunes, 13 de noviembre de 2023. La legislación no hace mención a la investigación de casos de lawfare (persecución judicial por motivos políticos) que podrían resultar en el perdón de las víctimas si una investigación parlamentaria así lo determinara. El término lawfare sí fue incluido en el acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts la semana pasada. Así se confirma lo que los socialistas afirmaban después de la controversia que generó ese documento en diversos sectores, especialmente en la judicatura y el mundo del Derecho: es decir, que en ese acuerdo político se realizaron concesiones sin validez jurídica con el fin de mantener la ley, que es la que tiene efectos reales. De hecho, el tono de la exposición de motivos de la ley es muy distinto al del acuerdo político con Junts.
El beneficio de la norma alcanzará a los separatistas involucrados en todos los niveles. De este modo, Oriol Junqueras dejará de estar inhabilitado y Carles Puigdemont podrá regresar a España sin enfrentar ningún proceso pendiente cuando se implemente la ley orgánica, lo cual podría demorar meses, y el PP y Vox intentarán retrasar tanto su tramitación en el Senado —donde los populares tienen mayoría absoluta— como a través de recursos al Tribunal Constitucional. También estarán protegidos los directores de colegio imputados por abrir sus escuelas para el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, en total más de 300 personas, según los cálculos de los negociadores de esta norma, además de los 73 policías involucrados en procesos por la represión violenta de la consulta, la cual fue prohibida por la justicia. Para evitar controversias, la exposición de motivos aclara sobre la amnistía a los agentes: «En ningún caso conlleva la criminalización de los funcionarios que intervinieron en defensa del orden público, ya que la presunción de inocencia es un principio fundamental de nuestro sistema legal. Lejos de eso, busca aliviar la situación procesal de los acusados». La ley obliga a los jueces a aplicar la amnistía una vez que sea solicitada en un plazo máximo de dos meses, una vez que se apruebe la ley. Y los posibles recursos contra la aplicación de la norma «no tendrán efectos suspensivos» sobre la misma, según indica el texto.
En el artículo 1 del texto jurídico se establece que serán perdonados los «actos decisivos de responsabilidad penal, administrativa o contable, llevados a cabo en el contexto de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre y cuando hayan ocurrido entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023». Además, también se incluyen en la amnistía las acciones cometidas entre estas fechas, «incluso si no están directamente relacionadas con estas consultas o incluso si se han llevado a cabo después de su respectiva celebración», que consistan en «reivindicar, fomentar o buscar la separación o independencia de Cataluña, así como aquellos que hayan contribuido a la consecución de dichos propósitos».
En principio, los delitos por los cuales quedarían excluidos de la posibilidad de amnistía son aquellos por los que Laura Borràs ha sido condenada, la presidenta de Junts; o aquellos por los que ha sido Gonzalo Boye, procesado, el abogado de Carles Puigdemont, sin aparente conexión con el proceso independentista. En marzo, la primera fue sentenciada a 4 años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por falsificación de documento oficial y prevaricación administrativa al fragmentar contratos para beneficiar a un amigo mientras dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, de 2013 a 2018. Boye ha sido procesado por presuntamente colaborar en el blanqueo de fondos de uno de sus clientes, el narcotraficante gallego Sito Miñanco.
En su artículo 2, la norma presenta las excepciones que impiden perdonar determinados actos delictivos relacionados con las consultas independentistas. «Quedan excluidos de la aplicación del perdón los actos intencionales contra las personas que hayan ocasionado un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad; los actos tipificados como delitos de tortura o de malos tratos inhumanos o degradantes según lo establecido en el artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, siempre y cuando superen un nivel mínimo de gravedad; los actos tipificados como delitos de terrorismo (…) siempre que haya una sentencia definitiva y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017; los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y los relacionados con la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal».
En la reunión de Ferraz celebrada este lunes, Pedro Sánchez estuvo presente en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.PSOE
Se incluye, como exigía ERC, a los involucrados en el caso del Tsunami Democràtic y el caso de los CDR, incluso cuando la Fiscalía solicite para ellos un enjuiciamiento por terrorismo. Y también, se ha ampliado en la última semana el área para que entren algunas personas relacionadas con Carles Puigdemont implicadas en el caso Voloh, que investiga los lazos con Rusia de estos separatistas. En el caso de los CDR no hubo pérdida de vidas ni lesiones graves, por lo que quedarían amnistiados, pues la futura ley abarca la acusación de terrorismo cuando no haya muerte o delitos serios. El juez del caso Tsunami, Manuel García-Castellón, busca imputar a Puigdemont por terrorismo debido al fallecimiento de un hombre por un paro cardíaco en el aeropuerto de Barcelona durante las protestas de 2019, sin embargo, esa idea parece improbable. En el texto de la ley se menciona expresamente que solo quedarían excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo cuando haya una sentencia firme, algo que aún está muy lejos de ocurrir en este caso.
La exposición larga de motivos se traduce en un texto que consta de 16 artículos, donde también se establece de forma clara el perdón total en asuntos económicos, lo cual permitirá cancelar garantías y dinero retenido por otras medidas cautelares. Esto beneficiará a varios líderes, incluyendo al ex presidente catalán Artur Mas y los propios Puigdemont y Junqueras. Sin embargo, la norma establece que no se reembolsará el dinero ya pagado en casos concluidos con una sentencia firme, y tampoco habrá indemnizaciones para aquellos que ya han sufrido condenas y encarcelamiento. El proceso en los casos en los que los acusados puedan acogerse a la ley será urgente y preferente, con un plazo de dos meses para responder, para asegurar que ningún tribunal retrase la concesión de la amnistía.
Aunque no se tienen las condiciones para obtener los beneficios, se distingue una cosa clara: ante los críticos que afirman que esta ley anula el delito, no se alteran los delitos penales —sí se modificaron el año pasado, con el fin de disminuir posibles condenas, aunque sin eliminarlas— y en el caso de que existiera un nuevo procés, serían factibles abrirse procesos penales similares. Por ese motivo, la amnistía tiene una limitación temporal y no perdona conductas futuras, al igual que ocurre en todas las leyes de esta naturaleza en el mundo entero. El Código Penal sí se altera para reintegrar la amnistía como motivo de extinción del delito, algo que estaba presente en el Código Penal de 1973, pero se suprimió en el de 1995, al establecerse un nuevo texto legal, conocido como el Código Penal de la democracia.
El texto introductorio busca resaltar la legalidad de una normativa de este tipo y muestra ejemplos en el ámbito europeo, incluyendo la más reciente Ley 38-A/2023, de 2 de agosto, de Portugal que concede amnistía a todos los jóvenes entre 16 y 30 años por la comisión de ciertos delitos durante la visita del papa Francisco a ese país.
Ese preámbulo se enfoca en justificar la legalidad de la ley —que seguramente será impugnada por el PP y probablemente también por algunos tribunales encargados de aplicarla— y resalta la defensa de la Constitución, del Estado de derecho y del sistema jurídico nacional e internacional. Es una manera indirecta de involucrar a los independentistas en el abandono de la unilateralidad, aunque sin manifestarlo de manera explícita debido a la falta de disposición de Junts para hacerlo. «Los objetivos a perseguir dentro del marco constitucional son múltiples. Sin embargo, todos los caminos deben transitar dentro del sistema jurídico nacional e internacional», establece el texto de manera expresa, lo cual implica, de manera tácita, la exclusión de la unilateralidad, ya que es firmado por Junts y ERC.
Según el texto del preámbulo, desde 1978, España tiene una constitución similar a la de otros países, que garantiza los derechos individuales y protege los derechos ideológicos y políticos de todos, y que obliga a los poderes públicos a interpretar las normas sobre derechos fundamentales y libertades de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales firmados, como también reconoce la propia Constitución.
Estos párrafos parecen elaborados con el propósito de asegurar la legalidad de la regla, que el gobierno ahora defiende, después de insistir durante mucho tiempo en que una absolución no estaba contemplada en la Constitución. El mismo Sánchez, quien lo afirmó varias veces de manera explícita, ahora alega que en ese momento se referían a la absolución solicitada por los separatistas, argumentada de una manera completamente distinta a esta.
En relación al proceso independentista que resultó en la condena de la mayoría de los miembros del Gobierno catalán por sedición, desobediencia y malversación, el texto simplemente indica que «estos hechos generaron una tensión institucional que llevó a que la justicia interviniera y una tensión social y política que provocó la falta de confianza de una parte importante de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, la cual todavía persiste y se reaviva de forma constante cuando se evidencian las múltiples consecuencias jurídicas que aún tienen, especialmente en el ámbito penal». El relato del proceso independentista no está tan próximo al que defiende el movimiento independentista como el del pacto político con Junts que se hizo público la semana pasada y que incluso mencionaba los decretos de nueva planta del siglo XVIII, pero de todas formas no admite ninguna responsabilidad por parte de los independentistas.
De todas formas, el Gobierno insiste en que esta reglamentación es intachable a pesar de que en la Constitución no se menciona la opción de una medida de clemencia como esta. El Ejecutivo argumenta que se han realizado hasta 52 perdones en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y varios de ellos han tenido lugar en naciones que, al igual que España, tampoco consideran esta alternativa en sus constituciones, como Alemania o Bélgica. «Mediante esta ley orgánica de indulgencia, las Cortes Generales recurren nuevamente a un mecanismo constitucional que fortalece el Estado de derecho para brindar una respuesta apropiada más de diez años después del inicio del proceso independentista, cuando los momentos más críticos de la crisis ya han quedado atrás y es hora de establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro. De esta manera, al asumir las Cortes Generales esta decisión de política legislativa, no solo no invaden otros ámbitos, sino que, por el contrario y haciendo uso de sus competencias, adoptan la mejor vía posible para abordar, desde la política, un conflicto político».
En términos políticos, la justificación es clara: Sánchez argumenta que ha convertido una necesidad en una virtud y reconoce que de no requerir los votos de los separatistas, no habría abordado en este momento la amnistía. Sin embargo, está convencido de que será beneficioso para Cataluña y para todo el país cerrar legalmente el proceso independentista. El Gobierno sostiene que lo único capaz de reavivar un proceso que ya está muy debilitado es precisamente la entrada sistemática de líderes independentistas en prisión, lo cual, sin la amnistía, podría ocurrir en los próximos meses.
La idea principal que atraviesa toda la exposición de motivos de la propuesta de ley es la de que un Estado democrático, respetuoso de la Constitución, decide excepcionalmente perdonar unos delitos cometidos en un período y una situación política especiales, como la crisis en Cataluña, con el propósito de mejorar la convivencia. De hecho, el nombre mismo de la norma refuerza esta idea: «Ley Orgánica de Indulto para la Normalización Institucional, Política y Social de Cataluña». En varios párrafos del texto se repite esta idea. «Se consagra legalmente la voluntad de avanzar en el camino del diálogo político y social, necesario para la cohesión y el progreso de la sociedad catalana, entendiendo que el fortalecimiento de la convivencia justifica la presente ley de indulto, que marca un punto clave para superar obstáculos y mejorar la convivencia, avanzando hacia la plena normalización de una sociedad diversa que aborda los principales debates sobre su futuro a través del diálogo, la negociación y los acuerdos democráticos. De esta manera, se devuelve la resolución del conflicto político a los canales de la discusión política», indica el texto.
Después de haber sido aprobada la ley, dará inicio la investidura. El miércoles y el jueves ya ha sido oficialmente convocada. Pedro Sánchez podría entonces ser nombrado presidente después de tres meses de intensas negociaciones y lograría algo que hasta hace poco parecía imposible: la inclusión de Junts, que rechazaba cualquier acuerdo de gobernabilidad, en una mayoría muy compleja y transversal, a la cual incluso se ha sumado Coalición Canaria, en contra de la medida de gracia. Esta mayoría está a punto de hacerse realidad gracias a un elemento esencial: la concesión de la amnistía, una demanda independentista desde hace cinco años, y, sobre todo, la voluntad de evitar un Gobierno PP-Vox. Este último propósito une a casi todos aquellos que apoyarán la investidura de Sánchez, con la excepción de los canarios, quienes también respaldaron el fallido intento del popular Alberto Núñez Feijóo de presidencia.